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11/7/09

El Ayuntamiento denuncia ‘linchamiento mediático’ contra el alcalde sexitano


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En opinión del Consistorio ‘existe una clara intención de hacer daño y desacreditar al alcalde’.

El Ayuntamiento sexitano ha mostrado su repulsa ante lo que califican como un ‘linchamiento mediático' contra el alcalde, Juan Carlos Benavides y que manifiestan se está realizando ‘de manera sesgada y malintencionada' y de forma paralela al juicio penal con motivo del cierre de la televisión municipal en 2004.

Así, el Consistorio afirma que fue la junta de gobierno la que adoptó el corte de suministro y no el alcalde almuñequero, ‘después de reiteradas notificaciones a la empresa para que procediera a regularizar su situación en cuanto al suministro de electricidad'.

Además, señalan que Benavides se encontraba de viaje tanto el día 19 como el 26 de enero, quedando como alcalde en funciones el primer teniente de alcalde, Miguel Ávila. ‘La orden que el Juez afirma dio o consintió el alcalde nunca se produjo, ya que fue el primer teniente de alcalde quien la llevó a cabo personalmente como concejal de Participación Ciudadana ante la ausencia de Benavides'.

Por otro lado, desde el ente municipal señalan que ‘tal como aparece en el propio expediente y reconoce la sentencia', la cerradura de la caseta de Rancho Río Verde se llevó a cabo a instancias del Jefe de la Policía Local', quien emite un informe pidiendo que se cambiara la cerradura de la caseta que alberga los repetidores de televisión afirmando que ‘el acceso a los mismos no tiene control alguno' conllevando peligro para los comunicadores de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil que también se encuentran instalados allí.

Para concluir, a juicio del gabinete jurídico la controversia entre el Ayuntamiento y la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical S.L. es de carácter puramente administrativo, por lo cual, ‘las actuaciones y acuerdos del Ayuntamiento se deberían haber canalizado por la vía contencioso administrativa, dicen desde el Consistorio'. ‘Al no hacerse así, sino al acudir el responsable de la empresa Vicente Fernández Guerrero a la jurisdicción penal, obró incorrectamente y hasta de mala fe, ya que se ha eludido plantear el tema por la referida vía contencioso administrativa, porque la jurisdicción penal hace más daño a las personas y las desacredita ante la opinión pública, pareciendo este el verdadero fin de haber elegido este camino', consideran desde el Ayuntamiento sexitano.

31/5/09

«Toda la Operación Bloque ha sido una venganza política y policial contra mí»

Ginés Jimenez Buendía:El 'sheriff', natural de Alcantarilla, apunta a la pérdida del poder por el PP en Coslada y a los celos de la Udyco como los motores de su imputación en la 'Operación Bloque'
31.05.09 -
«En dos meses como máximo volveré a mi puesto de trabajo»
A Ginés Jiménez no le hace ninguna gracia el sambenito de sheriff de Coslada que le persigue desde que, hace poco más de un año, estallara la Operación Bloque y fuera detenido junto a otros 27 agentes de la Policía Local de Coslada, que él dirigía desde 1986. Después de pasar casi once meses en prisión preventiva acusado de extorsión, amenazas, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho, Jiménez reitera su inocencia y cree que detrás de la operación de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional se esconde una trama política y celos entre cuerpos policiales para acabar con él.
-Ha pedido su reingreso en su puesto al mando del cuerpo. ¿Cuándo se producirá?
-Creo que en un plazo máximo de dos meses. Yo entré por concurso oposición y sólo una decisión judicial puede apartarme de mi puesto. Ahora estoy suspendido provisionalmente por un decreto del Ayuntamiento, y cobro sólo el 25% de mi sueldo.
-¿En qué momento se encuentra el proceso por la Operación Bloque?
-Ha pasado un año, pero aún no se ha cubierto ni el 30% del proceso. Queda mucho por hacer, no habrá juicio hasta dentro de al menos dos o tres años.
-Sin embargo, el juicio mediático ya está casi completado, algo que usted criticó mucho como antiguo periodista...
-No soy licenciado en Ciencias de la Información, sino en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Por eso me duele que se filtren desde fuentes policiales expresiones como «mafia policial», una mafia de pacotilla que ahora se ve que se está desmontando. Pero duele que haya habido un juicio mediático pararelo que han alimentado esas fuentes. De no ser por ello, habríamos salido antes en libertad.
-¿Cómo afirma que se están desmontando esas acusaciones?
-Han usado a empresarios de hostelería para ir a por mí. Ahora se está viendo que tuvieron interrogando a gente hasta ocho horas para lograr la declaración que ellos querían. Y hemos denunciado esa situación, denuncia que ha sido admitida a trámite. En ella afirmamos que hemos sido objeto de un linchamiento policial. La Audiencia Provincial ha incluido a los instructores como denunciados, pero querríamos imputarlos.
-¿Cree que su caso tiene que ver con celos profesionales?
-Mi actuación desde 1986 siempre ha sido muy visible, manteniendo los niveles de delincuencia baja pero al mismo tiempo potenciando la labor de la Policía Local. Y eso no caía bien. El golpe ha sido premeditado contra la figura del policía local dentro del modelo actual de fuerzas de seguridad. Hay celos y en Coslada estaban exacerbados.
-¿Es entonces El Bloque una invención?
-No, pero se ha usado a un grupo de amigos dentro del cuerpo y se le ha criminalizado. Uno de ellos, Carlos Martínez Gil, tiene relación con un tema de prostitución con tres rumanos, que es una investigación aparte. Pero todo ello se mezcla en una coctelera a base de informes y atestados con muy buena redacción, pero poca veracidad, y se acaba usando contra mí. Se dice que Carlos era el brazo ejecutor, que él se refiere a mí como «el jefe», pero... ¿cómo quiere que llame a su jefe en la Policía Local?
-Afirma que este caso es una operación orquestada desde varios frentes, incluido el político...
-Sí. Los que abren el camino son los atestados policiales que realiza un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que perteneció a la ejecutiva del PP en Coslada. No hay problemas con esta afiliación, pero que pertenezca a una ejecutiva llama la atención. El PP pierde el poder en Coslada porque pierde el apoyo de José Huélamos [ex alcalde] en 2007. Y me culpan a mí de ello. Y el PP aprovecha también a parte de la plantilla policial, sobre todos descontentos y cercanos al sindicato CSI-CSIF. También usan a empresarios, algunos afines al PP, para dar cuerpo a las acusaciones de extorsión. Pero es el inspector Dámaso Rodríguez el auténtico artífice de esta operación.
-Pero hay numerosas declaraciones sobre extorsiones a locales o sobre las amenazas...
-¿Usted cree que en una población moderna de 90.000 habitantes, éstos aguantarían 21 años que el alcantarillero, que Ginés les impusiera su ley y nadie denunciara? Y si hacía falta información interna del Ayuntamiento, se iba al PP. Si hacía falta una declaración de una mujer que dijera que yo le puse una pistola en la cabeza, también la había: Dolores Veguía, también del PP. Una señora que aparece al año y medio de cerrar el bar y aparece en la Fiscalía... Eso chirría, eso huele.
-Supongo que la repercusión de su caso en Murcia y en concreto en Alcantarilla le habrá afectado.
-Duele cuando se te criminaliza, y mis hermanos y mi madre habrán sufrido. Pero también sé que mis paisanos han sido muy prudentes y no han querido entrar en el circo mediático, incluyendo al ex alcalde Francisco Zapata. Me duele alguna declaración dándome caña de Pedro Luis Cascales, que quiso hacer leña del árbol caído.
-¿Cómo le trata la gente de Coslada tras estallar el caso?
-Esto es como todo, al que se le ha llevado la grúa el coche o al que se ha detenido al hijo por llevar unas papelinas o pelearse pues se ha quedado de enemigo. En esos años me tocó estar al pie del cañón y mojarme. Me desgasté. Los enemigos se han apuntado ahora al circo mediático, pero hay mucha gente callada y expectante.
-¿Qué tipo de experiencia supone pasar por la cárcel para alguien que ha llevado durante años placa y uniforme de defensor de la ley?
-Muy mala, es algo muy triste. Psicológicamente hay que estar muy preparado para que no te afecte. Hay que estar sereno y tranquilo. Ayuda ver a gente de Coslada o Alcantarilla hacer declaraciones positivas.
-¿Fue un golpe duro que se imputara a su mujer y a su hijo?
-Mucho, porque ellos dicen que era para que se aclarara el tema de las cuentas. Pero se podría haber aclarado sin detenerles.
-El tema de su patrimonio también está siendo escrutado con lupa por los investigadores...
-Dicen que tenía pisos hasta en Rumanía. ¡Yo no he estado en mi vida en Rumanía! Además, de tres pisos nada. Tengo el que pagué con mi sueldo, un sueldo de 4 ó 5 mil euros al mes. Y luego, al terminar de pagarlo, usamos la cuota para dar la entrada de otro. Y mi hijo tuvo hasta que pedir un préstamo personal para dar la entrada de otro piso.
-¿No ha vuelto a Murcia desde que estalló el caso?
-No he podido. Ahora en las Fiestas de Mayo hubiera querido ir a Alcantarilla. Pero sé que mis hermanos están muy liados con sus negocios de hostelería. Y luego no puedo tomarme un respiro en mi defensa, incluida la mediática.
-¿Le molesta que le llamen sheriff?
-Por supuesto. Es que yo no iba dejando la pistola en la barra y pidiendo copas o comidas sin pagar. Luego, ya más que sheriff es que me han catalogado de Vito Corleone de Coslada, el enemigo público número uno. Se han dicho tantas cosas... pero yo me considero inocente y tengo la ilusión de que vamos a salir absueltos y ejerceré mi profesión. Yo no he sido ningún mangante ni ningún chorizo. Tal vez lo único malo es que me he hecho muchos enemigos.
-¿Cree que finalmente toda la operación quedará en agua de borrajas?
-Yo creo que ya ha perdido mucha fuerza, que son tres asuntos que se han querido unir en un timo y un fraude a la autoridad judicial. No hay unión entre lo del Bloque, lo de Ginés y lo de Carlos. Presiento - mi abogado dice que está seguro- que la Operación Bloque se va a quedar en muy pocas imputaciones.
(Gillermo Hermida)

26/4/09

Juicio paralelo a un presidente


La policía, se supone que por orden del juez, ha grabado una conversación privada entre un empresario y el presidente de la Generalitat. Incluso la del empresario con la esposa del presidente.

De la conversación no se deduce que haya podido existir ningún delito, ningún acto punible, ninguna ilegalidad. Es una grabación que efectúa la policía y que ni siquiera, por lo que parece, ha sido incorporada al sumario, que ahora se halla en poder del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero, en lugar de ser destruida, ha sido filtrada a la prensa.

Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional, recordaba el viernes en estas páginas la gravedad de la situación, vulneradora de un buen número de derechos fundamentales: pérdida de la presunción de inocencia, indefensión de los afectados, ataque al honor sin posible defensa del atacado. En fin, un juicio paralelo, con todo el peor significado de la expresión.

Juicio paralelo, que empieza por el veredicto: Camps es culpable. Excepto que demuestre la inocencia, claro. Es Camps quien debe demostrar que es inocente. Y la exigencia es nada más y nada menos que de todo un ministro de Interior, que debería en estos momentos estar intentado averiguar si alguien en su departamento se dedica a espiar a personas y a filtrar a la prensa las conversaciones grabadas.

La policía, el juez o el fiscal son los únicos que han podido facilitar a la prensa elementos del sumario que ni siquiera habían sido incorporados a la causa. No debe de ser difícil hallar al culpable del delito de violación del secreto: ojalá cuando la policía busca a los delincuentes tuviese el número de sospechosos tan limitado.

Pero nadie, que se sepa hasta ahora, ha dicho que vaya a investigar. Ni siquiera los tres vicepresidentes del Consell, que el viernes comparecieron en tríada, anunciaron ni una mínima querella ante el TSJCV por el ataque a la intimidad al presidente y a su esposa y hasta a su hija, de la que se cita el nombre, después de que los apellidos sean archiconocidos.

Ni Cotino, ni Rambla, ni Gerardo Camps dijeron que acudirían a la justicia a pedir responsabilidades. Se limitaron a hacer una denuncia política y a pedirle a Rubalcaba que cesara en sus prácticas. Por favor, ministro, les faltó decir. Y es ahí, en el terreno de la política, donde todo lo tiene perdido el Consell; es, en el terreno de la política, donde los adversarios usan las potentes armas jurídicas y policiales para acabar políticamente con Camps.

En el libro de Böll, Katharina Blum pasa una noche con otra persona a la que acaba de conocer y, sin que sepa por qué, es detenida, acusada de complicidad, pese a su total ignorancia, y declarada culpable en ese juicio paralelo. La policía, la justicia y la prensa se unen para destrozar la reputación de la protagonista y hacer de su vida un infierno. El poder del Estado y la manipulación mediática -algunos informativos han llegado a hacer una representación radiofónica novelada de la conversación entre la esposa de Camps y el Bigotes- se bastan y se sobran para acabar con cualquier reputación.

Sí, ya sé que estoy obviando el contenido de las conversaciones, que, efectivamente, pueden ser tildadas hasta de ridículas; que pueden demostrar que entre Camps y Álvaro Pérez había una indiscutible amistad, que manifiestan que la esposa del presidente se niega a aceptar un regalo del entonces amigo y ahora procesado. Pero era antes -insisto: antes- de las sospechas judiciales contra el Bigotes. El contenido, además, es accesorio: poco importan los hechos y mucho los juicios de valor, cito a Álvarez Conde en su cita a Nietzsche.

¿Habrá más capítulos? ¿Habrá grabado la policía otras conversaciones y al ser consideradas innecesarias para probar delitos se filtrarán a la prensa? ¿Se seguirán usando los poderes del Estado para hundir políticamente a los antagonistas? ¿Será este el nuevo procedimiento para acabar con los adversarios políticos cuando se acerquen unas elecciones?

E insisto: en esta situación que tantos derechos fundamentales vulnera y que se basa en la comisión de un delito (violar el secreto de un sumario) nadie denuncia ni abre diligencias contra el juicio paralelo. Ni siquiera actúa de oficio el TSJCV, pese a haber amenazado con proceder contra quien violase el secreto. Este sumario secreto pasará a la historia como el menos secreto de todos los sumarios secretos, como una verdadera burla al funcionamiento de la justicia española. Por encima de él prevalece el juicio paralelo, aquel que comenzó con el veredicto: Camps es culpable excepto que demuestre su inocencia.
fuente:lasprovincias

5/2/09

Profesor es inocente de robo

La juez desestimó la versión de un testigo. En el robo, por el cual procesaron al docente, murió una señora. Por ese caso condenaron a dos sujetos. Decisión.
Redacción/LA PATRIA
Manizales
Al docente José Henry Osorio Murillo, de 37 años, lo involucraron como supuesto autor intelectual del asalto a una tienda en el barrio La Asunción, el cual terminó con la muerte de la dueña del establecimiento. Sin embargo, el profesor era inocente.
Así lo indicó un juez penal de circuito de Manizales quien, luego de analizar las evidencias dentro del proceso y valorar las declaraciones de los testigos, encontró que había inconsistencias en los relatos que señalaban al maestro como partícipe en el caso. Por esta razón, el juez absolvió en primera instancia a Osorio Murillo y ordenó su libertad.
Antecedente
El hecho ocurrió el 30 de noviembre del 2007. A las 10:00 de la mañana llegaron cuatro sujetos a la tienda de Graciela Valencia de Ramírez, ubicada en la carrera 17 con calle 51, en el barrio La Asunción de Manizales.
De acuerdo con la investigación, alguien les dijo a los delincuentes que en esa vivienda tenían guardados 20 millones de pesos, dinero que había recibido el esposo de doña Graciela como pago de unas prestaciones sociales.
A esa hora la mujer peinaba a su nieta en la puerta de la tienda cuando aparecieron los atracadores. De acuerdo con la investigación, los sujetos amordazaron a la víctima y otro se quedó atendiendo el negocio.
Un detalle con el que no contaban los delincuentes era que la mujer sufría miedo al encierro y se resistió a que la metieran al baño. Por eso forcejeó, pero uno la mató de un tiro. Tras la detonación, la banda decidió huir y sólo se robó 200 mil pesos.
Proceso
Los detectives comenzaron la investigación y, gracias a la colaboración de la comunidad, ubicaron inicialmente a un menor de edad. El adolescente señaló a un adulto, quien también hizo parte del robo y del homicidio. A partir de ahí se aclaró el caso.
En medio de este proceso, uno de los testigos señaló al docente Osorio Murillo; al mecánico Jairo Antonio Murcia Hinestroza, de 45 años, y a José Álvaro Ocampo, de 26 años, como los responsables.
En febrero del año pasado Murcia y Ocampo negociaron con la justicia. Un juez penal del circuito los condenó a 19 años de prisión por los delitos de homicidio, hurto y porte de armas. En cambio, Osorio Murillo decidió ir a juicio para demostrar su inocencia.
En marzo del año pasado, la Fiscalía acusó formalmente al docente como determinador del hurto y le retiró los cargos por el homicidio. El abogado César Augusto López asumió la defensa del maestro. Finalmente, a mediados de enero se celebró el juicio, en el que el juez absolvió al docente.
El testigo
El testigo que presentó la Fiscalía fue un joven que involucró al docente como quien le había dicho sobre la millonaria suma y le había sugerido el robo. Sin embargo, sus declaraciones fueron inconsistentes, lo que demostró que estaba mintiendo. Por esta razón, el juez del caso absolvió al procesado.

28/1/09

Y ahora, ¿quién restituye los daños morales?


Absuelven al profesor del Narciso Yepes denunciado por abuso sexual


El Juzgado de lo Penal dice que "se ha acreditado que los hechos no llegaron a ocurrir" y deja sin efecto el auto de alejamiento que le impedía acercarse al centro escolar

EFE El Juzgado de lo Penal número tres de Murcia ha absuelto al profesor de Música del colegio público Narciso Yepes de Murcia denunciado por un delito de abuso sexual y de agresiones a un menor, dado que "se ha acreditado que los hechos no llegaron a ocurrir", según informaron fuentes de la Administración regional. El juzgado también ha dejado sin efecto el auto de alejamiento dictado contra ese docente, que le impedía acercarse al centro escolar. Añadieron que la sentencia "no deja lugar a dudas sobre la inexistencia del abuso sexual" y en consecuencia "se procede a la libre absolución del acusado", y apuntaron que el dictamen judicial, de diciembre de 2008, se declara firme y ejecutorio de una anterior, correspondiente al mes de octubre. En este sentido, la consejería de Educación, Formación y Empleo mostró su apoyo al docente, así como a la comunidad educativa del centro de primaria Narciso Yepes, que se vio afectada por estos desagradables sucesos ocurridos en enero de 2005, y que provocaron la sustitución inmediata del profesor. La denuncia al citado profesor, quien fue detenido en su momento y puesto en libertad sin cargos en un mismo día, fue realizada por uno de los padres del centro, quien alegó presuntos abusos sexuales a su hijo de cuatro años. El servicio de Inspección de la Consejería, en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia, abrió un expediente para esclarecer los hechos y procedió a la sustitución del profesor por otro docente. Por otro lado, el claustro de profesores del centro defendió desde el principio al denunciado alegando que el maestro "ni tuvo ocasión, ni cometió ninguno de los cargos que se le imputan" y añadió que es "un magnífico profesor, compañero y persona con una vida laboral y personal intachable, y nada justifica la agresión a la que ha sido sometido". Estas declaraciones se realizaron en 2005 a raíz de que el maestro denunciado fuese golpeado por un familiar del niño al que supuestamente había violado, según la denuncia presentada por los padres del menor.Asimismo, fueron muchos los padres del centro los que se manifestaron en contra del profesor antes de que el caso se solucionara en los tribunales.

7/1/09

Un juez prohíbe a Telecinco


Una juez prohíbe la emisión de un reportaje sobre la prostitución en Telecinco
El juzgado de Instrucción Número 7 de Madrid dictó ayer medidas cautelares para prohibir la emisión en Telecinco del reportaje realizado por El Mundo TV 'El precio del paraíso' por un posible delito de injurias, según explicó el productor ejecutivo Melchor Miralles.
EUROPA PRESS La cadena de Vasile tenía previsto emitir este reportaje a la 1.00 de la madrugada de hoy, a continuación del espacio 'Guinnes World Record'. No obstante, durante la emisión de este programa, Telecinco anunció el fallo de la juez y, a la hora prevista, ofreció capítulos de 'Diario de...', un programa de reportajes con cámara oculta presentado por Mercedes Milá, en sustitución de 'El precio del paraíso'. En la decisión, la juez considera que esta producción podría incurrir en un delito de injurias, debido a que la protagonista, Marta Chamorro, alegó intervenir en el reportaje "interpretando un papel". La propia actriz fue la que solicitó estas medidas cautelares, según aclaró Miralles. El Mundo TV, que considera el procedimiento "nulo", intentó recurrir hasta medianoche la decisión de la juez. La productora asegura que en el contrato de Chamorro "se especifica lo contrario" a lo argumentado por ella, ya que se especificaba que intervendría "sin guión previo". 'El precio del paraíso' es un reportaje que analiza el mundo de la prostitución a través de las declaraciones de Chamorro, 'alter ego' de Catalina, la protagonista de la serie de Telecinco 'Sin tetas no hay paraíso'. En un adelanto facilitado por la propia productora, Chamorro explica la "gran cantidad de cosas" que tiene en común con Catalina. "Soy una chica normal seducida por el dinero, la mafia y el misterio, a la que le gusta codearse con gente que puede llegar a ser peligrosa", señala en este trabajo. Asimismo, el reportaje incluye imágenes obtenidas con cámara oculta de personas implicadas en este negocio, así como de testimonios anónimos de otras chicas que reconocen ejercer la prostitución para "pagar caprichos".

6/1/09

Duro fallo de un juez contra los medios de comunicación

Córdoba. Corresponsal
El diario La Voz del Interior recurrió la sentencia del juez en lo Correccional de sexta nominación, Daniel Molinari Moyano, que, en un fallo con duras críticas a la prensa nacional, condenó al diario cordobés y a su director, Luis Remonda, en una querella por injurias equívocas o encubiertas entablada por el empresario Miguel Angel Caruso.En los fundamentos de la sentencia, difundidos ayer por el diario sancionado, Molinari Moyano hizo una dura crítica a la prensa argentina, a la que caracterizó como un ficticio cuarto poder.En un párrafo sorprendente, afirmó: No leo ni escucho ni veo casi ningún medio de comunicación masivo, por falta material de tiempo y por recibir información general por otros medios.En esa línea, el juez opinó que es mejor fuente el diálogo con los habitantes de esta ciudad.En otro tramo, Molinari Moyano comentó el fallo originado en la querella que el presidente Carlos Menem entabló a la revista Noticias, también adverso para la empresa editora.Algunos medios de prensa han hecho escarnio vil de la persona del Presidente -afirmó el magistrado-. Se han mofado de sus creencias religiosas, sus antepasados, su familia, su matrimonio, sus crisis íntimas, sus desvelos como padre, y en la más ruin de las agresiones han querido burlarse de su dolor.Agregó también que para su pronunciamiento en este caso tomó en consideración los resultados de una encuesta efectuada por una consultora en los Estados Unidos. En ella -añadió- mayoritariamente se exigía a los medios de comunicación noticias de interés comunitario, no escándalos o escandaletes, ni siquiera relacionados con el mundo del espectáculo.Atacó luego con dureza el espíritu de cuerpo que atribuyó al periodismo por su reacción frente a determinados fallos judiciales contra medios o trabajadores de prensa. Sólo alguien errado en sus pensamientos -sostuvo- podría urdir la desatinada idea de que se ha tramado una conspiración diabólica, cuyos ejecutores serían los jueces de la república, para silenciar a los trabajadores de prensa.Más adelante el juez distinguió entre la inmensa mayoría que conforman los periodistas honestos y la ínfima minoría de los deshonestos. No obstante, consideró que aún en escaso número, (los deshonestos) son un factor de perturbación para la vida de las demás personas. Si bien dijo desconocer si esos minoritarios han conquistado algún dominio en los medios de comunicación, aventuró que son visibles algunas de sus conductas que enturbian la armónica convivencia.El juez extremó más adelante el razonamiento para afirmar: Los deshonestos de la prensa son los que temieron y temen que se legisle sobre el derecho de réplica. Y son ellos quienes bregaron por conseguir que se derogase, como conducta punible, el desacato.También les atribuyó conductas corporativas y los acusó de pretender quedar paladinamente al margen de la ley, por encima del derecho y fuera del ámbito de actuación de la Justicia.Molinari Moyano dejó sentado además en la propia sentencia que su control sólo compete a los tribunales de superior rango. No a los demás poderes del Estado, ni mucho menos a los ficticios cuarto, quinto o enésimo poder.El fallo condenó al director de La Voz del Interior a una pena de un mes de prisión de ejecución condicional y ordenó el pago de una indemnización de 150 mil pesos al demandante por daño moral.El empresario Miguel Angel Caruso inició la demanda tras considerarse agraviado por una información difundida por Canal 10 de Córdoba y luego reproducida por La Voz del Interior que lo vinculaban a la explotación -ilegal en Córdoba- de máquinas de videopóquer.Los defensores Oscar Roger y Darío Vezzaro efectuaron un planteo de casación por entender que el juez basó su conclusión incriminatoria en una acusación fiscal evidentemente nula. Sostuvieron que en el trámite judicial se han visto afectadas las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio y que tampoco se han observado las reglas de la sana crítica racional.En la presentación se puso de manifiesto que sin argumento alguno oponible, el juez descartó las explicaciones brindadas en juicio por la parte acusada.

1/1/09

Golpe judicial al "periodismo de investigación" con cámara oculta


El Mundo TV

El Tribunal Supremo acaba de dar un duro golpe a los que defienden el uso de la cámara oculta como parte del periodismo de investigación televisivo y en especial a El Mundo TV, productora que con Melchor Miralles (en la foto) a la cabeza ha hecho de esta forma de realizar programas su razón de ser.

Según una sentencia conocida hoy y que siente jurisprudencia, “la difusión en televisión de imágenes captadas con aparatos ocultos de captación de imagen y voz, sin consentimiento del interesado, supone una intromisión ilegítima en la intimidad que no está justificada“. Es decir, que no vale la excusa de el periodismo de investigación, algo que habían alegado los demandados (El Mundo TV, la periodista encargada de grabar las imágenes y Canal 9, que las emitió) y que en la Audiencia Provincial de Valencia les sirvió para ser absueltos.

30/12/08

Delitos Violentos, víctimas y Medios de Comunicación ¿Cómo se debe informar?

En el salón Auditorium de la Asociación Chilena de Seguridad, se realizó ayer el Taller denominado "Víctima, Proceso Penal y Noticia", organizado por el Colegio de Periodistas y el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos.
Un hecho lamentable ocurre...han asesinado a una pequeña...casi al unísono con la policía se hacen presentes los medios que entrevistan a la madre llorando, vecinos y amigos, muestran la casa de la niña, se hacen especulaciones sobre el posible culpable. La situación se repite una y otra vez en radio, televisión, los periódicos siguen el caso a diario con sendas crónicas...las víctimas se han vuelto material de prensa y poco a poco se olvida el dolor para dar paso a hechos sucesivos. Nadie saca lecciones del hecho, sólo ocurre ante nuestros ojos. Cambiar esa forma de ver una tragedia y permitir a las víctimas de hechos con violencia (homicidio y cuasidelito de homicidio, lesiones graves, robo con intimidación, delitos sexuales, secuestro y presunta desgracia) superar el trauma, es el objetivo del seminario para comunicadores que realizó el Colegio de Periodistas, ACHS y la Corporación de Asistencia Judicial con su Centro de Atención de Víctimas. En medio de una victimización mediatizada es inminente que los periodistas asuman la tarea de apoyar la reparación sicológica del daño, en lugar de resaltar una y otra vez lo negativo de la situación, transformándola en una situación generalizada, que puede ocurrir a cualquiera, acentuando la sensación de miedo de la gente y estigmatizando el lugar donde ocurre el hecho. Para analizar el tema, conversamos con Nelson Muñoz, quien es Psicólogo del Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos y que en su exposición se refirió a la situación de "La víctima en la intervención periodística". Escuche a este profesional que analiza el actual rol de los medios de comunicación en la materia.

Un cargo vasco afirma que la prensa aflige a las víctimas más que De Juana

EL PERIÓDICOBARCELONA
Mientras la mayoría de reacciones tras la puesta en libertad de Iñaki de Juana Chaos coincidieron ayer en la necesidad de una reforma de la legislación que impida a este tipo de delincuentes convivir con las víctimas, un cargo del Gobierno vasco se descolgó con una afirmación en la que otorgaba, cara a los familiares de asesinados por ETA, un mayor poder dañino a la prensa que a la propia presencia del terrorista.El adjunto a la dirección de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, Txema Urkijo, aseguró que le "consta" que la mayor parte de las víctimas que residen cerca de donde vivirá ahora el expreso, en el barrio donostiarra de Amara, "están más preocupadas y agobiadas por la presión y la expectación mediática que se ha despertado que por la propia presencia de De Juana". "Esto no es una suposición. Estoy hablando de una constatación después de contactar y hablar con víctimas, lo cual me parece bastante indicativo de lo que de artificial tiene esta cuestión", agregó Urkijo en una entrevista en la cadena SER.El número dos del organismo de atención a las víctimas dependiente del Ejecutivo de Vitoria y dirigido por Maixabel Lasa, viuda del exgobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000, explicó que la situación vivida "está en parte justificada por la personalidad del individuo" y por el "indudable dolor" que genera en las víctimas del terrorismo. Sin embargo, precisó que se produce una situación "en parte también hipócrita", porque no es el primer preso de la banda que "sale a la calle sin arrepentirse, sin pedir perdón, sin pagar indemnización y con un saldo relativamente barato de años de cárcel por asesinato".Sin embargo, denunció lo que calificó como el "estallido mediático" que ha acompañado a la excarcelación, un revuelo que juzgó "inflado" de forma "penosamente interesada" y "desproporcionada".DESCONTENTOOtra crítica, en sentido diferente, la lanzó la Unión de Guardias Civiles, que consideró "excesiva" la protección que el cuerpo brindó a De Juana en algunas carreteras por las que transitó tras su salida de la prisión de Aranjuez. El sindicato recordó que agentes de la Benemérita han sido "las principales víctimas" del etarra excarcelado.

Víctimas de la prensa: la difícil moral del periodista.

Dr. Antonio Turnes - Especial para DiarioSalud.net
Tuesday, 28 de October de 2008

En las últimas semanas hemos tenido una sucesión de hechos, poco difundidos, o desconocidos por la generalidad de los colegas e instituciones vinculados a la salud, de carácter preocupante. Uno en Montevideo y cercanías, otro en el interior profundo. Ambos con un denominador común: ser víctimas de noticias difundidas por medios de comunicación masivos. Si bien las situaciones que dieran lugar a este brillante artículo ocurrieron en Uruguay, su generalidad y profundas connotaciones éticas y morales nos llevan a invitar a una lectura detenida y un debate sobre el mismo a todos los periodistas que acceden a www.DiarioSalud.net
En un caso, un familiar de una paciente fallecida, en Montevideo, sale a la televisión un domingo, en noticiero central, para afirmar que su esposa había fallecido por culpa de un médico a quien identificó con nombre y apellido, institución a la que pertenecía, etc.
El médico había descubierto una anemia severa en la paciente, signo puede presentarse asociada a ciertos tumores; le palpó una tumoración abdominal y la refirió a un cirujano; la paciente falleció días después de un “cáncer al hígado”, posiblemente un secundarismo neoplásico por tumor digestivo, de evolución rápidamente fatal, existente además de aquél hecho comprobado que evidenciaba grave enfermedad.
La difusión pública, de esta noticia, que obviamente impactó en la opinión pública, en quienes conocían al médico, en la institución para la que trabajaba, fue de efectos terribles. El médico falleció de muerte súbita pocos días después, angustiado por el impacto que esta noticia le produjo. Tenía 64 años, y era compañero de generación. Bien conceptuado por su calidad humana y profesional, era apacible y tranquilo, dedicado por entero a sus pacientes. El oprobio de esta noticia, dicha así, largada al aire, sin confirmar, sin corroborar, tuvo efectos posiblemente fatales. Es comprensible el dolor del familiar. Pero la responsabilidad del periodista que difunde tal especie, debe señalarse.
En el otro caso, un medio escrito de una pequeña ciudad del interior, arremete contra un médico rural, de una población situada a más de cincuenta kilómetros, con un par de artículos, separados por quince días, dos ediciones del quincenario, para acusarlo de haber “matado” a un paciente que falleció. Que murió, aparentemente por un infarto masivo del miocardio, luego de una evolución prolongada con hipertensión mal controlada, sin hacer caso a los consejos médicos ni tomar la medicación indicada, con múltiples factores de riesgo, sobrepeso, tabaquismo, alcoholismo, y a una edad de la cuarta década, donde esta patología hace estragos. También aquí la conducta del periodista no fue responsable. No cotejó la información con las diversas fuentes, quizás tampoco con la familia. Pero destruye y afecta la reputación de un médico que radicado en el área rural, atiende con dedicación a sus pacientes de un amplio radio, sin medios a su alcance para responder rápidamente estas notas que afectan su honor y buen nombre profesional.
Además de estos dos, que hemos tomado como emblemáticos, hay una multitud de otros casos, que se han dado en el curso del último año solamente, sin ir a buscar más atrás, donde por cuestiones o no vinculadas con casos de eventual responsabilidad profesional, se somete a los profesionales de la salud al escarnio público, difundiendo su nombre y apellido, lugar de trabajo y especialidad, hasta sus características físicas y fotografía, por supuestas imputaciones, no comprobadas, de cualquier naturaleza. Cuando en casos de delitos flagrantes, cometidos por cualquier persona que carezca de antecedentes penales, su nombre es ocultado bajo sus iniciales, por hechos mucho más graves, y sin embargo, se tiene una actitud discriminatoria frente a los médicos, enfermeras y personal de salud. Algo realmente curioso, si no fuera casi patológico. Un violador se nombra bajo iniciales “N. N.”, pero si es un médico o enfermera el doctor o la enfermera “Fulano” o “Mengana de Tal”. Estas manifestaciones en medios masivos de comunicación producen graves efectos sobre los profesionales afectados, sus pacientes y sus familias, su lugar de trabajo y un amplio etcétera. ¿Se puede proceder así gratuitamente? ¿No hay norma que ampare a los ciudadanos, siguiendo la disposición constitucional de que en su Art. 7º establece: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1948, en su Art. 11º, inciso 1º, establece: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Parece que, en los casos señalados, se está olvidando dos normas fundamentales, además de muchas de menor rango.
¿Por qué ocurre esta diferencia? ¿No hay pautas éticas para el periodismo? ¿No existen disposiciones legales y normas aplicables? ¿Podría haber malapraxis periodística? O es que hay un exceso manifiesto, o falta de conocimiento sobre el manejo de estas situaciones, sin despertar alarma pública.
No estamos hablando mal, ni en contra, de la libertad de prensa, que consideramos constituye un principio democrático que debemos defender en toda circunstancia. Hablamos de la falta de profesionalidad de algunos periodistas, no queremos ni podemos generalizar porque las situaciones denunciadas son la excepción y no la regla. Que desconocen las normas básicas de su arte y de su ética. Y que afectan impunemente a personas que hacen su trabajo con dedicación y no saben las triquiñuelas de cómo defenderse de los malos periodistas.
Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), un filósofo uruguayo, tal vez el mayor pensador que tuvimos en el siglo XX y hasta hoy inigualado, dejó en su “Moral para Intelectuales” una pieza imperdible relacionada con la Moral de los Periodistas. Veamos un fragmento:
“MORAL DE PERIODISTAS
“Paso a hablar brevemente de la moral de los periodistas.
“A propósito de la moral de los abogados, planteábamos la cuestión de si existirán o no ciertas profesiones que lleven en sí una especie de inmoralidad intrínseca o inseparable de la profesión misma, y decíamos que la cuestión podía efectivamente discutirse con respecto a la profesión de abogado, quedando siempre bien entendido que esa inmoralidad intrínseca representa simplemente la parte mala de algo bueno o necesario, y que el admitirla no significa admitir que la profesión es mala, sino simplemente saber, en un estado de espíritu sincero, reconocer cuándo existe ese mal inseparable del bien.
“Era, esta cuestión, discutible con respecto a los abogados; también es discutible con relación al periodismo. Y mi sinceridad me obliga a decirles que, aquí también, yo casi creo que esa inmoralidad intrínseca existe, y que no es posible suprimirla del todo.
“La prensa es un bien, un inmenso bien, es todo lo que se dice, y hasta todo lo que se declama sobre ella; es apostolado, sacerdocio, cuarto poder y todo lo demás; es todo eso – sinceramente -; pero los bienes que la hacen tal no pueden separarse de ciertos males. Razón de más para estudiarlos, para prevenirnos contra esa especie de inmoralidad intrínseca, con el objeto de saber si es posible evitarla, y, si no, atenuarla hasta donde nos sea posible.
“Ante todo, y si bien se piensa, la prensa es realmente una cosa formidable: la impresión que se siente ante ella, si tratamos de librarnos de la costumbre, casi no puede ser otra que de terror. Existe en mecánica un aparato, que se llama, justamente, prensa, también: la prensa hidráulica, por cuyo medio, como nos enseñan los tratados de física, un niño puede realizar trabajos colosales, puede levantar moles, puede triturarlas; pues bien: en la otra prensa, sucede absolutamente lo mismo: cualquiera, también, puede, por ejemplo, levantar reputaciones, o hacerlas pedazos, con la mayor facilidad, y hasta con la misma inconsciencia del niño. Por eso no encuentro otros términos que espanto o terror ante esa desproporción colosal entre la causa y el efecto.
“Sean dos de ustedes, iguales en inteligencia, iguales en saber, iguales en todo; pero el uno “escribe en un diario”, y, el otro, no. Ambos opinan sobre una misma cuestión: política, filosófica, científica, económica, personal… La opinión del uno, produce efectos en un radio limitadísimo; en su casa, en las conversaciones que pueda tener en la calle con cinco o seis amigos, y nada más; entretanto, la opinión del otro, que es igual, puede al otro día, manifestándose por medio de un artículo, impresionar a todo el país; puede llevar la convicción, hacer creer en un hecho, tal vez falso, a millones de personas; puede destruir una reputación para siempre; puede hacer al honor, a la felicidad de uno o de muchos seres, un mal irreparable; sin embargo, la fuerza era la misma.
“Realmente, cuando se piensa, esto causa espanto. Por consiguiente, la moral de la prensa es una moral delicadísima. El que dispone de un poder semejante, se encuentra en una situación especial, y contrae deberes que se diferencian de los otros deberes en que tienen una intensidad también formidable, o que debería sentirse como tal; y entretanto, como les decía, hay en la prensa, a mi juicio, una causa de inmoralidad intrínseca, inevitable, que puede descomponerse en dos: en lo relativo a los hechos, la obligación de afirmar sin información bastante; y, en lo relativo a la doctrina, la obligación de opinar sobre todos los asuntos.
“La obligación, digo, de informar sobre los hechos sin base suficiente. Esto es inevitable, y es grave. Enseñamos ya para el caso limitado y menos grave de las conversaciones privadas, que hay que guardarse bien de hacer una afirmación antes de tener sus pruebas; que antes, por ejemplo, de atribuir a una persona un acto que pueda afectar su reputación o su tranquilidad, han de buscarse todas las pruebas necesarias. Entretanto, la prensa está organizada de una manera tal, que la afirmación (y, si no, la insinuación), debe venir siempre, casi fatalmente, antes que la prueba, o, en todo caso, nunca puede esperar la prueba lógicamente rigurosa, ni aún aceptable.”
Luego de un extenso desarrollo, donde pone algunos ejemplos de acciones concretas en las que una información insuficientemente comprobada, difundida en un medio de prensa, ocasiona daños irreparables, termina su artículo de esta forma:
“El joven que escribe para los diarios, adquiere, y en poco tiempo, una facilidad que generalmente le resulta engañosa; siente que su capacidad para el trabajo ha aumentado. Efectivamente, no era capaz antes, tal vez, de escribir dos o tres párrafos en una hora; después de algún ejercicio en la prensa es capaz de escribir en ese tiempo media columna, o una entera, con facilidad, con corrección, y muy a menudo, con brillo. Siente entonces la sensación de que es más capaz que antes para el trabajo; y en cierto sentido, naturalmente, lo es; pero esta mayor facilidad tiene generalmente una compensación muy triste; a medida que se va adquiriendo la capacidad para el trabajo fácil, se va perdiendo la disposición, y al fin hasta la misma aptitud, para el trabajo concentrado, fuerte, difícil; tanto el estilo, como el mismo pensamiento, se van acostumbrando a la falta de resistencia. Ahora bien, ese es justamente un mal sudamericano; por eso decía que, sean cuales sean los hechos en los medios europeos, en nuestros medios (aquí, como en todo, hay que observar directamente) tenemos ya demasiada tendencia a ese estado de espíritu; y, por consiguiente, lo que tal vez no es peligroso allá, aquí puede serlo; y es, a mi juicio, lo que la experiencia demuestra. Si me fuera dado hacer una comparación, les diría que el buen vino no se puede preparar en recipientes abierto; en éstos se produce, es cierto, un vino suave y alegre, para el consumo corriente; pero el de fondo, concentrado y fuerte, ése tiene que fermentar y condensarse en recipientes cerrados, con la resistencia y con el tiempo.
“Pues bien, con nuestra cosecha intelectual, sucede que casi toda se gasta en esa preparación fácil para el consumo inmediato. Pero no hay reserva; y creo que la prensa tiene bastante culpa.
“Las inteligencias jóvenes, salvadas siempre las excepciones, tienen aquí tendencia a la producción fácil. No sólo las jóvenes: algunas conozco que ya estaban hechas, y a las cuales, sin embargo, esa tarea diaria de la prensa, que obliga a la producción fácil, ligera, sin esfuerzo, les ha quitado la capacidad de concentración. Si mis afirmaciones resultaran violentas, podría demostrarlas; pero no aquí, donde sería triste y molesto nombrar a tantos “que hubieran sido y que no fueron”…
“Naturalmente, me hubiera sido sumamente fácil arreglar todo esto más o menos inteligentemente, y demostrar a ustedes que hay medios de combatir con facilidad el mal; pero hubiera sido poco sincero. Lo más que creo, es que el periodista podría hacer una especie de separación (y este va a ser mi consejo práctico): hacer una especie de separación entre su personalidad de periodista y su personalidad intelectual propiamente dicha: reservarse una o dos horas diarias para un trabajo difícil, para concentrar, para corregir, para pulir, para ahondar, para condensar, en resumen; pero debo declararles que ello es mucho más difícil cuando el trabajo que constituye nuestra profesión es del mismo género, esto es, del género intelectual. Ustedes oirán decir muy a menudo que es inexplicable cómo algunas personas pueden, por ejemplo, ser poetas y ganarse la vida en un empleo administrativo ínfimo e ininteligente o sumando números en un Banco. Pues bien, hay aquí un error; mientras más diferente es el trabajo profesional del intelectual propiamente dicho, menos lo perjudica; justamente el inconveniente del trabajo de la prensa, está en que se parece mucho al trabajo intelectual. Ser empleado de Banco o auxiliar de oficina, y autor de libros, es más fácil; y más fácil sería todavía ser carpintero, desempeñar un trabajo manual cualquiera, y reservarnos entonces nuestra inteligencia completamente libre para el trabajo intelectual intenso.”
Hemos tomado sólo dos casos, de los muchos acumulados a lo largo y ancho del país, donde no son legión, pero están esparcidos periodistas que buscando el sensacionalismo de la noticia, de una tapa de periódico, o cabeza de un noticiero, usan, queremos creer que sin pensar en las consecuencias, este tipo de informaciones mal manejadas, que producen tanto daño. Y que van minando, la confianza y relación que debe existir en la atención de la salud.
Es recomendable leer el libro de Vaz Ferreira, que también contiene su capítulo de “Moral para Médicos” y “Moral para Abogados”, entre otros. Pero con el fragmento transcripto queremos, a la vez que recordar al filósofo y pensador de cuya muerte se cumplieron 50 años, y le fue dedicado el Día del Patrimonio, estas reflexiones, que hacen no sólo a la prensa escrita, que era la que existía en 1908, cuando dictó esta Conferencia el Maestro, sino a todos los medios de comunicación masiva que luego aparecieron: la radio y la televisión, el cable e Internet.
¿Dónde queda la responsabilidad de los periodistas y de los dueños de los medios? ¿Dónde está la calidad de los periodistas? ¿Este tipo de informaciones sin corroborar o confrontar con las diversas fuentes, es profesionalmente adecuado tratarlas de este modo, o será que se está procediendo sin calidad, ni control de calidad? ¿Qué podemos hacer para evitar que se hagan irresponsables acusaciones, que desprestigian o matan personas dignas? ¿Habrá que recurrir a la Justicia para demandarles por su responsabilidad? ¿O habrá que mejorar su ética y su formación?

29/12/08

Víctimas, victimarios e impunidad

Por Ernesto Tiffenberg
La Argentina es una eficiente fábrica de víctimas. Víctimas de la represión dictatorial, víctimas de los accidentes de tránsito, víctimas de la violencia policial, víctimas de la desaprensión empresaria, víctimas de la pobreza. Distintos tipos de víctimas que los medios se encargan de superponer sin otro criterio que los desgarramientos que provocan.En los últimos años el sentido común ha incorporado el concepto de que las víctimas son todas iguales. No siempre fue así. Baste recordar el célebre “por algo será” que acompañó a las víctimas de la dictadura. Y ni siquiera ahora siempre es así. Baste recordar la célebre reflexión de Juan Carlos Blumberg –“en ese caso el chico se drogaba, hizo una mala actuación”– sobre el asesinato de Sebastián Bordón a manos de la policía mendocina. De ese avance social contra la discriminación del dolor buena parte de los medios derivó un corolario engañoso: “también todos los victimarios son iguales”. Y en este caso la palabra victimario incluye indiferenciadamente desde genocidas a inspectores desaprensivos, pasando por toda la gama posible de las conductas humanas.Una familia llora con el mismo legítimo dolor a uno de sus hijos muerto en la tortura que a otro atropellado por un auto. Pero a un país no le convendría confundir los males del tránsito, por graves que sean, con los de un plan criminal dirigido a eliminar desde el Estado cualquier resistencia a sus antojos dictatoriales. Es lo que diferencia un crimen de lesa humanidad de un asesinato o un accidente. En estos días es común ver que la prensa conservadora iguala los crímenes de lesa humanidad, por definición cometidos desde el aparato estatal, con los perpetrados por particulares. Se enfatiza para ello en las características horrorosas que también puede mostrar cada uno de éstos. Pero diferenciar un genocidio de un asesinato no hace sólo a una cuestión de proporciones, sobre todo sirve para garantizar a la sociedad las mejores armas legales en su defensa. Distintos males reclaman, sin duda, distintos remedios. Es imposible comparar la amenaza al bien común que implica el daño provocado en el cuerpo social por aquellos supuestamente destinados a defenderlo con la que puede encarnar cualquier organización privada, por poderosa que fuera.Esta buscada confusión se profundizó aún más cuando, bajo la palabra “responsable”, buena parte de los medios mezclaron a los acusados con voluntad de delinquir con aquellos cuya conducta incorrecta o desaprensiva terminó aceitando la “fábrica de víctimas” (Omar Chabán, Callejeros y una variada gama de funcionarios municipales terminaron así convertidos en “genocidas”). Una sutil y peligrosísima manera de disolver en culpas indiscriminadas las que cargan los que sometieron a su voluntad las vidas y los bienes de los argentinos.Durante décadas, el poder económico y político peleó por mantener en la impunidad los crímenes que tanto contribuyeron a consolidar el perfil regresivo que exhibe la Argentina actual. No fue sólo una actitud declarativa o propagandística. Los peores delincuentes de la historia nacional quedaron eximidos de todo castigo por leyes y decretos inconstitucionales creados especialmente para impedir cualquier posibilidad de justicia. Hace pocos días la Corte Suprema, como culminación de una larga lucha social corporizada en los organismos de derechos humanos, borró dos de esos obstáculos (las leyes de obediencia debida y punto final) y se espera que en un plazo no muy lejano termine removiendo el último (los indultos).Por eso es tan importante ser muy cuidadoso cuando se habla de impunidad en relación a casos como el de Cromañón, en los que la justicia (por supuesto, con todas las polémicas características que arrastra) está actuando sin más interferencias que las que le plantea una sociedad tan sensibilizada como la argentina. En este caso puede haber buenos o malos fallos, resoluciones que conformen o enfurezcan a las partes involucradasy a la sociedad en su conjunto, pero, a menos que se revele que fue impedido el accionar judicial, difícilmente corresponda hablar de impunidad.Ese cuidado debería extremarse, sobre todo desde lo alto del poder político, a la hora de comparar un crimen de lesa humanidad con una espantosa tragedia. Los tribunales tienen la obligación de identificar a los responsables y hacer justicia en los dos casos. Por ahora, eso es lo único que los unifica.

"ACOSO PSICOLOGICO DE LA PRENSA CORRUPTA"

Mobbing o Acoso Psicológico de la PRENSA CORRUPTA… Felicitamos su demostrado VALOR ante el monopolio de desinformación y deformación social representado en la Prensa - con honrosas excepciones -, cuya doble moral constituye el germen nato de la corrupción. VALOR traducido en la no - exclusión de ningún caso protagonizado por este "cuatrerismo comunicacional", cimentado en el FRAUDE a la LEY que dice defender: "Si la violación del derecho por... se convierte en un derecho legítimo, nos encontramos ante una paradoja innegable, pues una norma legal reconoce explícitamente a un determinado sujeto "legítimo" el derecho a infringirla. Esto tiene por consecuencia que, si este sujeto actúa ilegalmente, está en la legalidad, puesto que la ley lo considera como el único posible autor legítimo de la transgresión y que, por la misma razón, aun actuando legalmente, podrá infringir la ley… "AMIGOS, nadie nos ha contado, hemos vivido en carne y espíritu propio la huella criminal de la "patente de corso" usada por una Prensa corrupta sin ética, ejercida por "hábiles" sujetos o sicarios de la comunicación: Prensa autoproclamada como "el último bastión de la moral pública" - inductora de miedo, culpa, vergüenza y violencia social-; que USA sus dictámenes, para indultar y glorificar la imagen de villanos, o prontuariar y asesinar la imagen de inocentes. Estos últimos, hombres y mujeres - brutalmente - despojados de todos sus Derechos Humanos - Constitucionales - Civiles - Politicos y Ciudadanos.Prensa propagadora de inseguridad jurídica del Estado o Nación, que ha institucionalizado la judicialización y/o politización de las noticias, al extremo de EMITIR juicios condenatorios anticipados, con la intención de criminalizar a sus víctimas; deslegitimando de este modo su palabra. Víctimas, no en el sentido de victimismo, sí en el sentido de la ciencia socio - psicológica - jurídica de victimología. "Sentencias sociales" con las que, sin Dios ni ley, vuelve inapelable el estigma creado, quedando para la víctima, probar la falsedad de las mentiras publicadas. "Errar es humano; perseverar en el error es diabólico", San Agustín.Prensa mercenaria que hace del prejuicio, malicia e ignorancia propia y ajena, el dios de su versión; misma que a través de una bien montada campaña de intoxicación de medios, logra elevar al plano de verdad única sus conjeturas y ligeros análisis. "Una mentira mil veces repetida, se convierte en una verdad imaginaria".Prensa vinculada al interés económico, social o político de turno, que goza de impunidad para depredar, saquear y asesinar la psiquis del individuo social y/o colectivo atacado. Ocasionando con ello, un lesivo problema de Salud Pública llamado Disociación psicológica del lector, televidente o radioyente; quien enajenado de pensar, se vuelve marioneta del consumismo morbo - adictivo que la Prensa corrupta establece, con sus "editorializados" intereses vestidos de "ciudadanía", "pueblo", "país", "mayoría", "patria". Vulnerabilidad mental y/o emocional usada para someter, movilizar, inmovilizar, ocultar, manipular, tergiversar y disfrazar la realidad; incrementando con ello el nivel de frustración, agresividad y depresión de sus consumidores. Prensa reproductora del pensamiento INQUISITORIAL que parte de la impugnación moral de la víctima o chivo expiatorio de turno; ardid que la libera de acusar con pruebas no forjadas ni editadas, en Derecho y dentro del "debido proceso". Quedando con ello, a su discreción, la imputación de "sentencias sociales" por delitos ni siquiera tipificados en las leyes. Marco ilegal delictual dentro del que se FORJA inocencias y/o culpas a la carta y bajo pedido, como dictámenes "periodísticos" de última instancia. TODO lo dicho sucede ante el silencio, solidaridad, miedo e indolencia de quienes presencian la lapidación o linchamiento de la víctima, sin atreverse a DECIR públicamente ¡¡¡ basta !!!, para no ser también sujetos de la deslegitimación emprendida por esa misma Prensa corrupta. A nuestro criterio, la Prensa corrupta queda TRANSPARENTADA como la ejecutora visible del "modus operandi delictual" llamado mobbing, acoso psicológico, asesinato psíquico, violencia perversa, psicoterrorismo, etc. Metodología intimidatoria de tortura y violencia psicológica basada en la deslegitimación moral de la víctima noticiosa de turno; procedimiento propio de las mafias, contra quien percibe estorba sus objetivos. Amigos, cuenten con nuestro compromiso, solidaridad y apoyo incondicional:- Porque queremos evitar "...que otras personas sean atropelladas por la prensa".- Porque también somos "...ciudadanos... víctimas de la prensa".- Porque defendemos "... la libertad de expresión".- Porque tenemos la convicción de edificar "... una sociedad sana".

27/12/08

La Audiencia condena a 'La Verdad' por la intromisión ilegítima en el honor del médico Martínez Pertusa

Domingo, 8 de abril de 2007

La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado una sentencia, dictada en marzo del año pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia, por la que se condenaba al periódico La Verdad y a su portal digital, laverdad.es, al pago de una indemnización al médico Pablo Martínez Pertusa.

La justicia ha considerado que las informaciones publicadas por ambos medios en el mes de junio del 2004, referentes a una condena que había recaído sobre el doctor, suponían una intromisión ilegítima en su derecho al honor, por lo que estima que éste debe ser indemnizado en la cantidad de 20.000 euros por parte del diario escrito, en una cantidad idéntica por laverdad.es y en igual cuantía por parte de la entidad El Defensor del Paciente (Adepa), por las consideraciones que su portavoz hizo en estos medios de comunicación. Igualmente se condena a estas tres partes al pago de los intereses legales y de las costas generadas en el proceso.

La resolución judicial tiene su origen en las informaciones publicadas los días 10 de junio del 2004 en laverdad.es, y el día después en el periódico La Verdad, basadas en la condena impuesta al doctor Martínez Pertusa por haber intervenido a un paciente sin haber requerido su consentimiento informado por escrito. La operación quirúrgica se había realizado en el año 2000 a un enfermo de cáncer, quien a día de hoy se encuentra recuperado de esa patología. En la sentencia se hacía constar que no se había demostrado negligencia o falta de pericia en la actuación profesional del médico.

Martínez Pertusa interpuso sendas demandas contra La Verdad, la edición digital laverdad.es y El Defensor del Paciente por estimar que las informaciones difundidas sobre su persona eran inveraces, dañaban su imagen por la difusión de una fotografía suya y atentaban contra su derecho al honor. Por ello reclamaba a cada una de las partes demandadas una indemnización de 20.000 euros. Las pretensiones de Martínez Pertusa fueron estimadas en primera instancia por el Juzgado número 10 de la capital y ahora el fallo ha sido confirmado en su integridad por la Audiencia Provincial de Murcia.

El alcalde de Totana absuelto ¿Quién resarcirá los daños morales, psiocológicos, económicos y sociales?

El magistrado no encuentra base para mantener este cargo contra Martínez Andreo Considera ambiguas algunas grabaciones sobre el supuesto intento de exigir dinero
24.12.08 -

El TSJ archiva la imputación de cohecho que pesaba sobre el alcalde de Totana
Martínez Andreo durante la cena que celebró el lunes con miembros de la asociación de amas de casa de Totana. / AYTO.
La acusación de cohecho que pesaba contra el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, ha sido eliminada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que instruye la causa de la llamada Operación Tótem. El magistrado encargado del caso, Julián Pérez Templado, ha dictado el archivo provisional sobre este punto, ya que considera que de las averiguaciones efectuadas hasta el momento no hay base para mantener la imputación de cohecho contra el primer edil de Totana, según han informado a La Verdad fuentes judiciales.
El presunto cohecho habría apuntado, según la Fiscalía del TSJ, al intento de Martínez Andreo de recibir una comisión de 3 millones de euros que supuestamente había sido pactada con anterioridad por su antecesor en el cargo, Juan Morales, a cambio de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados en el paraje de El Raiguero, donde el grupo gallego Nuaria pensaba construir 5.000 viviendas. Sobre Morales, que mantiene su acta de diputado regional, el TSJ mantiene la imputación de cohecho.
El instructor no encuentra base para mantener esta imputación en el caso de Martínez Andreo, quien prestó declaración el pasado mes de julio para explicar el contenido de varias conversaciones telefónicas. El auto con el archivo fue notificado ayer a las partes.
Para tomar su decisión, el TSJ se ha basado en dos grabaciones telefónicas que supuestamente comprometían a Martínez Andreo. En una de ellas, el alcalde hablaba con Juan Francisco Casanova, amigo suyo, ex concejal y dueño de unos terrenos que pensaba vender al grupo Nuaria. En la conversación se alude a unas frases de Andreo, en las que dice «Ni a tu mujer ni a la mía». «Pa ti y pa mi y punto». Sobre esta prueba aportada por la Fiscalía y los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el magistrado del TSJ considera que se trata de una conversación ambigua. También se ha analizado la grabación de otros imputados, realizada antes de que Martínez Andreo fuera detenido (lo que ocurrió en diciembre del año pasado). Según esta grabación, los empresarios gallegos tenían intención de conocer al nuevo alcalde y uno de ellos comentó si les iba o no a pedir dinero. Esto indica, según las mismas fuentes judiciales, que no hay indicios de que Martínez Andreo exigiera dinero.
Examen de las cuentas
En estos meses se han analizado también las cuentas corrientes y bienes del alcalde de Totana, su mujer y todos sus familiares, en las que no se han encontrado ingresos económicos llamativos, según las mismas fuentes. El archivo provisional quedaría sin efecto si aparecieran pruebas contra Martínez Andreo. El resto de imputaciones que hace la Fiscalía se mantiene, aunque no tienen la misma trascendencia que el cohecho. Martínez Andreo dejó de pertenecer al PP y desde que estalló la Operación Tótem se ha mantenido al frente de la alcaldía de Totana. En un desayuno navideño dijo días atrás que sólo lo echaría de la alcaldía un juez, contestando así a los intentos del PP de desalojarlo del cargo. El archivo del cohecho podría llevar a los dirigentes populares de la Región a analizar de nuevo su situación.
El magistrado Julián Pérez Templado, por otra parte, ha permitido a la súbdita brasileña Vaneide Freita que viaje durante dos o tres semanas a Brasil para visitar a su hijo. La compañera sentimental del diputado Juan Morales estará cubierta por la fianza de 200.000 euros que el magistrado impuso en su momento al ex alcalde de Totana.