En opinión del Consistorio ‘existe una clara intención de hacer daño y desacreditar al alcalde’.
El Ayuntamiento sexitano ha mostrado su repulsa ante lo que califican como un ‘linchamiento mediático' contra el alcalde, Juan Carlos Benavides y que manifiestan se está realizando ‘de manera sesgada y malintencionada' y de forma paralela al juicio penal con motivo del cierre de la televisión municipal en 2004.
Así, el Consistorio afirma que fue la junta de gobierno la que adoptó el corte de suministro y no el alcalde almuñequero, ‘después de reiteradas notificaciones a la empresa para que procediera a regularizar su situación en cuanto al suministro de electricidad'.
Además, señalan que Benavides se encontraba de viaje tanto el día 19 como el 26 de enero, quedando como alcalde en funciones el primer teniente de alcalde, Miguel Ávila. ‘La orden que el Juez afirma dio o consintió el alcalde nunca se produjo, ya que fue el primer teniente de alcalde quien la llevó a cabo personalmente como concejal de Participación Ciudadana ante la ausencia de Benavides'.
Por otro lado, desde el ente municipal señalan que ‘tal como aparece en el propio expediente y reconoce la sentencia', la cerradura de la caseta de Rancho Río Verde se llevó a cabo a instancias del Jefe de la Policía Local', quien emite un informe pidiendo que se cambiara la cerradura de la caseta que alberga los repetidores de televisión afirmando que ‘el acceso a los mismos no tiene control alguno' conllevando peligro para los comunicadores de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil que también se encuentran instalados allí.
Para concluir, a juicio del gabinete jurídico la controversia entre el Ayuntamiento y la empresa Medios Informativos de la Costa Tropical S.L. es de carácter puramente administrativo, por lo cual, ‘las actuaciones y acuerdos del Ayuntamiento se deberían haber canalizado por la vía contencioso administrativa, dicen desde el Consistorio'. ‘Al no hacerse así, sino al acudir el responsable de la empresa Vicente Fernández Guerrero a la jurisdicción penal, obró incorrectamente y hasta de mala fe, ya que se ha eludido plantear el tema por la referida vía contencioso administrativa, porque la jurisdicción penal hace más daño a las personas y las desacredita ante la opinión pública, pareciendo este el verdadero fin de haber elegido este camino', consideran desde el Ayuntamiento sexitano.
