La policía, se supone que por orden del juez, ha grabado una conversación privada entre un empresario y el presidente de la Generalitat. Incluso la del empresario con la esposa del presidente.
De la conversación no se deduce que haya podido existir ningún delito, ningún acto punible, ninguna ilegalidad. Es una grabación que efectúa la policía y que ni siquiera, por lo que parece, ha sido incorporada al sumario, que ahora se halla en poder del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero, en lugar de ser destruida, ha sido filtrada a la prensa.
Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional, recordaba el viernes en estas páginas la gravedad de la situación, vulneradora de un buen número de derechos fundamentales: pérdida de la presunción de inocencia, indefensión de los afectados, ataque al honor sin posible defensa del atacado. En fin, un juicio paralelo, con todo el peor significado de la expresión.
Juicio paralelo, que empieza por el veredicto: Camps es culpable. Excepto que demuestre la inocencia, claro. Es Camps quien debe demostrar que es inocente. Y la exigencia es nada más y nada menos que de todo un ministro de Interior, que debería en estos momentos estar intentado averiguar si alguien en su departamento se dedica a espiar a personas y a filtrar a la prensa las conversaciones grabadas.
La policía, el juez o el fiscal son los únicos que han podido facilitar a la prensa elementos del sumario que ni siquiera habían sido incorporados a la causa. No debe de ser difícil hallar al culpable del delito de violación del secreto: ojalá cuando la policía busca a los delincuentes tuviese el número de sospechosos tan limitado.
Pero nadie, que se sepa hasta ahora, ha dicho que vaya a investigar. Ni siquiera los tres vicepresidentes del Consell, que el viernes comparecieron en tríada, anunciaron ni una mínima querella ante el TSJCV por el ataque a la intimidad al presidente y a su esposa y hasta a su hija, de la que se cita el nombre, después de que los apellidos sean archiconocidos.
Ni Cotino, ni Rambla, ni Gerardo Camps dijeron que acudirían a la justicia a pedir responsabilidades. Se limitaron a hacer una denuncia política y a pedirle a Rubalcaba que cesara en sus prácticas. Por favor, ministro, les faltó decir. Y es ahí, en el terreno de la política, donde todo lo tiene perdido el Consell; es, en el terreno de la política, donde los adversarios usan las potentes armas jurídicas y policiales para acabar políticamente con Camps.
En el libro de Böll, Katharina Blum pasa una noche con otra persona a la que acaba de conocer y, sin que sepa por qué, es detenida, acusada de complicidad, pese a su total ignorancia, y declarada culpable en ese juicio paralelo. La policía, la justicia y la prensa se unen para destrozar la reputación de la protagonista y hacer de su vida un infierno. El poder del Estado y la manipulación mediática -algunos informativos han llegado a hacer una representación radiofónica novelada de la conversación entre la esposa de Camps y el Bigotes- se bastan y se sobran para acabar con cualquier reputación.
Sí, ya sé que estoy obviando el contenido de las conversaciones, que, efectivamente, pueden ser tildadas hasta de ridículas; que pueden demostrar que entre Camps y Álvaro Pérez había una indiscutible amistad, que manifiestan que la esposa del presidente se niega a aceptar un regalo del entonces amigo y ahora procesado. Pero era antes -insisto: antes- de las sospechas judiciales contra el Bigotes. El contenido, además, es accesorio: poco importan los hechos y mucho los juicios de valor, cito a Álvarez Conde en su cita a Nietzsche.
¿Habrá más capítulos? ¿Habrá grabado la policía otras conversaciones y al ser consideradas innecesarias para probar delitos se filtrarán a la prensa? ¿Se seguirán usando los poderes del Estado para hundir políticamente a los antagonistas? ¿Será este el nuevo procedimiento para acabar con los adversarios políticos cuando se acerquen unas elecciones?
E insisto: en esta situación que tantos derechos fundamentales vulnera y que se basa en la comisión de un delito (violar el secreto de un sumario) nadie denuncia ni abre diligencias contra el juicio paralelo. Ni siquiera actúa de oficio el TSJCV, pese a haber amenazado con proceder contra quien violase el secreto. Este sumario secreto pasará a la historia como el menos secreto de todos los sumarios secretos, como una verdadera burla al funcionamiento de la justicia española. Por encima de él prevalece el juicio paralelo, aquel que comenzó con el veredicto: Camps es culpable excepto que demuestre su inocencia.
fuente:lasprovincias
De la conversación no se deduce que haya podido existir ningún delito, ningún acto punible, ninguna ilegalidad. Es una grabación que efectúa la policía y que ni siquiera, por lo que parece, ha sido incorporada al sumario, que ahora se halla en poder del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero, en lugar de ser destruida, ha sido filtrada a la prensa.
Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional, recordaba el viernes en estas páginas la gravedad de la situación, vulneradora de un buen número de derechos fundamentales: pérdida de la presunción de inocencia, indefensión de los afectados, ataque al honor sin posible defensa del atacado. En fin, un juicio paralelo, con todo el peor significado de la expresión.
Juicio paralelo, que empieza por el veredicto: Camps es culpable. Excepto que demuestre la inocencia, claro. Es Camps quien debe demostrar que es inocente. Y la exigencia es nada más y nada menos que de todo un ministro de Interior, que debería en estos momentos estar intentado averiguar si alguien en su departamento se dedica a espiar a personas y a filtrar a la prensa las conversaciones grabadas.
La policía, el juez o el fiscal son los únicos que han podido facilitar a la prensa elementos del sumario que ni siquiera habían sido incorporados a la causa. No debe de ser difícil hallar al culpable del delito de violación del secreto: ojalá cuando la policía busca a los delincuentes tuviese el número de sospechosos tan limitado.
Pero nadie, que se sepa hasta ahora, ha dicho que vaya a investigar. Ni siquiera los tres vicepresidentes del Consell, que el viernes comparecieron en tríada, anunciaron ni una mínima querella ante el TSJCV por el ataque a la intimidad al presidente y a su esposa y hasta a su hija, de la que se cita el nombre, después de que los apellidos sean archiconocidos.
Ni Cotino, ni Rambla, ni Gerardo Camps dijeron que acudirían a la justicia a pedir responsabilidades. Se limitaron a hacer una denuncia política y a pedirle a Rubalcaba que cesara en sus prácticas. Por favor, ministro, les faltó decir. Y es ahí, en el terreno de la política, donde todo lo tiene perdido el Consell; es, en el terreno de la política, donde los adversarios usan las potentes armas jurídicas y policiales para acabar políticamente con Camps.
En el libro de Böll, Katharina Blum pasa una noche con otra persona a la que acaba de conocer y, sin que sepa por qué, es detenida, acusada de complicidad, pese a su total ignorancia, y declarada culpable en ese juicio paralelo. La policía, la justicia y la prensa se unen para destrozar la reputación de la protagonista y hacer de su vida un infierno. El poder del Estado y la manipulación mediática -algunos informativos han llegado a hacer una representación radiofónica novelada de la conversación entre la esposa de Camps y el Bigotes- se bastan y se sobran para acabar con cualquier reputación.
Sí, ya sé que estoy obviando el contenido de las conversaciones, que, efectivamente, pueden ser tildadas hasta de ridículas; que pueden demostrar que entre Camps y Álvaro Pérez había una indiscutible amistad, que manifiestan que la esposa del presidente se niega a aceptar un regalo del entonces amigo y ahora procesado. Pero era antes -insisto: antes- de las sospechas judiciales contra el Bigotes. El contenido, además, es accesorio: poco importan los hechos y mucho los juicios de valor, cito a Álvarez Conde en su cita a Nietzsche.
¿Habrá más capítulos? ¿Habrá grabado la policía otras conversaciones y al ser consideradas innecesarias para probar delitos se filtrarán a la prensa? ¿Se seguirán usando los poderes del Estado para hundir políticamente a los antagonistas? ¿Será este el nuevo procedimiento para acabar con los adversarios políticos cuando se acerquen unas elecciones?
E insisto: en esta situación que tantos derechos fundamentales vulnera y que se basa en la comisión de un delito (violar el secreto de un sumario) nadie denuncia ni abre diligencias contra el juicio paralelo. Ni siquiera actúa de oficio el TSJCV, pese a haber amenazado con proceder contra quien violase el secreto. Este sumario secreto pasará a la historia como el menos secreto de todos los sumarios secretos, como una verdadera burla al funcionamiento de la justicia española. Por encima de él prevalece el juicio paralelo, aquel que comenzó con el veredicto: Camps es culpable excepto que demuestre su inocencia.
fuente:lasprovincias
